Sin dudas la polémica sobre si la inseguridad era más bien una “sensación de los uruguayos” o era un fenómeno real, ya ha quedado atrás, luego de las últimas cifras publicadas por el propio gobierno. El 2007 hubo un récord de 177.202 delitos consumados en todo el país, según cifras oficiales. Desagregado, da 480 delitos por día.
Los datos del Observatorio criminalístico no cuentan, obviamente, los delitos no perpetrados -intentos- ni las denuncias no formuladas, que se estima que son otro 40% de casos. Dividiendo los 177.202 delitos de todo tipo, el año pasado hubo en el país 480 delitos cada día, lo que supone 20 por hora.
De todos esos delitos consumados en 2007, los registros dan cuenta que hubo 193 homicidios (uno cada dos días), 146 copamientos (uno cada dos días y medio), 99.842 hurtos (273 por día), 9.173 rapiñas (25 por día) y 1.118 delitos sexuales (tres por día). Las cifras muestran que, en promedio, cada hora se comete una rapiña y 11 hurtos en Uruguay. En el primer cuatrimestre de 2008 (enero-abril) el promedio de rapiñas por día subió a 30. Estadísticamente, los hurtos y las rapiñas crecieron exponencialmente en los últimos 20 años.
En cuanto a los hurtos, en 1988 hubo 42.510; diez años después, en 1998 se registraron 49.102, y al final de 2007 se llegó a 99.842. Con respecto a las rapiñas, en 1988 fueron 1.522; en 1998 llegaron a 4.109 y al comenzar 2008 (1° de enero) había 9.173.
En Maldonado la situación ha sido igualmente grave, especialmente en lo que refiere a los homicidios, que se continúan acumulando con la triste noticia de que no resulta posible aclararlos y dar con el paradero de los responsables. Mateo Kutalec, Natalia Martínez, Pamela Silva, etc, siguen siendo personas cuyos asesinatos han calado hondo en la sensibilidad de la opinión pública, y no se tiene siquiera rastros de quienes pueden haber sido los responsables.
La seguridad pública es un derecho de los ciudadanos y una obligación del Estado, en cuanto a su conservación. La responsabilidad política es de los gobiernos y particularmente del Poder Ejecutivo que, a través de la gestión del Ministerio del Interior, debe velar por este derecho.
Sin caer en el simplismo de afirmar que la inseguridad es solo responsabilidad de un factor, o de una figura institucional, sí debemos afirmar, enfáticamente, que este gobierno ha equivocado enormemente el camino. No han favorecido la resolución de esta problemática, medidas que se han tomado como la eliminación del Decreto 690 que habilitaba una más amplia intervención policial, o la puesta en vigencia de la Ley de Humanización de las cárceles, que pretendiendo lograr un descongestionamiento de las mismas, permitió que salieran a la calle más de 700 reclusos en apenas uno meses. Y las cárceles continúan estando aborratodas de reclusos.
No hay dudas que a este gobierno se le fue el tiempo de demostrar que en esta área tenían la posibilidad de promover cambios, como prometió el presidente. En efecto, se dieron cambios: la inseguridad es tan profunda que en este país no debe haber mejor negocio que los referidos a la instalación de alarmas, o rejas, para que los 3.500.000 de uruguayos honestos que trabajamos, estemos un poco más seguros frente a los 7 u 8000 delincuentes que viven en este país, y se han apoderado de nuestra tranquilidad y de nuestra libertad.
Solo nos resta esperar que el próximo gobierno atienda este tema con mayor eficacia, y posibilite que los uruguayos recuperemos la seguridad que no debimos perder.
Lic. Martin Marzano Luissi.
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